Semillero para un programa político

Ya hace tiempo que me planteo la política activa, en lugar de tanto hablar... no me apetece, no me gusta, me repele, pero siento la necesidad de ordenar algunas ideas. Ideas para el conjunto de un país que no sé si es un país, pues poner en duda la idea de "Nación" provoca exaltadas respuestas... pero dejemos de momento eso y vayamos al grano.

España. ¿Qué ideas programáticas podría pensar?

La primera de toda, respecto del manido Mercado Laboral. Un lugar donde hay tres agentes y muchos afectados. Gobierno, Sindicatos y Asociaciones Empresariales. Bien, yo tengo una formación laboralista. Me gradué en su día y luego hice un Máster. ¿Buen comienzo? Depende... mis ideas, esquematizadas, serían:

Creación de 2 tipos de contrato; indefinido y temporal. Las políticas activas de fomento del empleo, se harían según estudios poblacionales y sectoriales. Los contratos tendrían facilidades tanto para la contratación (controles administrativos y demás) como para la suspensión y el despido. En todo caso, el contrato entendido como el acuerdo entre empresarios y trabajadores que se nivelaría por el Estado, para evitar abusos de poder. Revisión de derechos, para adecuarlos a las peculiaridades de cada sector. Potenciación del convenio colectivo sectorial en detrimento de los territoriales. Creación de plazas de Inspección de Trabajo para adecuar las plantillas de manera que existan suficientes para el control. Creación de plazas de Inspección Laboral en la Administración para el control específico de los empleados públicos y las prácticas laborales y de gestión. Anulación de las subvenciones a los Sindicatos y Asociaciones Empresariales, que se sostendrán con sus propios fondos. Revisión de los derechos laborales para poder aplicar una correcta conciliación de la vida laboral y familiar. Reducción de la jornada laboral en España a 35 horas. Fijación de la Seguridad Social con las prestaciones tanto contributivas como no contributivas, aumentando la cuota de trabajadores y empresarios. Reducción de casos de "excepción", unificando criterios en base a la riqueza de unidad familiar y escalando los tramos de prestaciones.

En cuanto a la parte recaudatoria, que tanto amamos, revisaría los tipos del IRPF y los impuestos indirectos, para analizar las previsiones trimestrales y anuales. Aparte, aumentaría la plantilla de Inspección hasta lograr una paridad similar a Alemania, de un inspector por cada 600 habitantes más o menos. Crearía una Agencia especial contra el Fraude, formada por técnicos, independientes del color político, esto es, formada por Inspectores que se rotaran en el cargo cada 6 años, fuera de toda posible interferencia política. Naturalmente, con una remuneración adecuada para sus labores y controles periódicos de instrumentos ya existentes como los Tribunales de Cuentas y otros. Sobre la recaudación, sería piramidal, ejerciéndose de ésta manera:

- Estado, el 60% de la recaudación.
- CC.AA's, el 20% de la recaudación.
- Ayuntamientos, el 10% de la recaudación.

El 10% restante serviría para Fondos de Reserva administrados por el Estado, pero siempre para cualquier contingencia del ámbito territorial que fuera.

Naturalmente, modificaría la CE, pero eso es un tema aparte...

Sobre la política general, establecería una separación total de poderes; el Judicial no tendría ningún tipo de vínculo con el Legislativo ni el Ejecutivo. Jueces y Magistrados elegidos dentro de la Carrera Judicial por órganos que, si bien con supervisión política, no sufrirían intervención alguna, con rangos de tiempo similares a los de las Inspecciones, 5-6 años. Reducción de los parlamentos autonómicos y de los ayuntamientos, generando corporaciones y parlamentos de menos participantes. Además, cogestión de todos los asuntos administrativos y cotidianos, de las competencias, pero no con titularidad de las CCAA ni los Ayuntamientos, si no del Estado, que podría retirar la gestión y los fondos anejos en todo momento. Sí, un estado jacobino pero descentralizado de verdad en lo administrativo.

Educación como eje de cambio fundamental, con acuerdos para no modificar las estructuras educativas en planes deceniales. Cambio de los contenidos, pero no de las estructuras para los mismos. La inversión en I+D, duplicada, por parte pública, con generosas exenciones para la financiación privada con contratos para las patentes de explotación y cesión ventajosas. Cambio de la estructura universitaria, reduciendo el número de centros y agrupando carreras, sometiendo a las universidades a controles de excelencia cada legislatura, con parámetros como doctorandos, patentes, artículos de impacto... revisión de las plazas con criterios de estabilidad e incompatibilidades de docencia e investigación con política. Fin de la concertación con escuelas, fin de la subvención a la iglesia católica, fin de reparto de fondos y de gestión comunitaria, con planes unificados para todo el territorio. Opción de segundo idioma y de lengua territorial siempre a elección de los padres, y creación de sistema de optativas desde la escuela también a elección de los padres. Imposibilidad de pasar de curso con suspensas, y aumento de los efectivos de Inspección.

En el estado del Bienestar, Sanidad. Sanidad de titularidad Estatal. Revisión de todos los convenios con empresas privadas para la gestión de hospitales y centros de salud construidos con sistema de pago de cánon. Creación de un sistema de dispensación de medicamentos único para todo el país, con gestión en cada territorio, de compras al por mayor y de dispensación regulada y controlada. Pago de recetas según tres tramos; exentos (jubilados, enfermos crónicos, desempleados de larga duración...) pago del 65% de la receta (empleados y rentas superiores a una cantidad determinada) y pago del 40% al resto (empleados y rentas inferiores a esa cantidad, así como otros colectivos). Generación de una cartera de servicios hospitalarios revisable cada año.

Las Administraciones Públicas. Actualmente, hay unos 2 millones de empleados públicos para un país de casi 45 millones de habitantes. Un porcentaje de menos del 10% de su población para gestionar al 90% restante. Modificación estructural del servicio público. Acceso por oposición o concurso-oposición, y por méritos dentro de la carrera pero en casos muy concretos. Fijación de las tareas y división de las escalas según funcionalidad, compartimentando menos la Administración. Creación, ya dicha, de un cuerpo específico de Inspección que pueda abrir expedientes sancionadores, gestionar también conflictos entre empleados públicos y realizar propuestas de funcionamiento o hacerlas viables. Reducción drástica de Jefaturas, aplicando el principio de funcionalidad y complementos anejos. Movilidad interna, horizontal y vertical, tanto funcional como territorial, en todos los cuerpos y escalas generales, e indemnizaciones en aquellos cuerpos y escalas donde no sea posible. Estudio de las cargas de trabajo de manera que pueda realizarse movimiento de empleados públicos dentro del mismo centro de trabajo o incluso área funcional en un territorio. Ajuestes presupuestarios para, igual que existan castigos y reducciones de empleo y sueldo por sanción, existan premios y mejoras de sueldo y empleo por objetivos realizados, medibles y comparables.

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Soñar no cuesta... es ingente la tarea de cualquier político. Me lo planteo, y lloro. Nadie va a querer tocar nada. Es como la casa que se cae a trozos, pero que sabemos que, si no tocas tal o cual viga, ese cable, aquel marco de cuadro, ese rodapié, y así y así, no se caerá, se supone...

¿Habrá que echar abajo la casa entera y cimentar de nuevo para hacer otra, vete a saber, cuánto de mala? Pero al menos será nueva... lo que no quiere decir que sea mejor.

Un saludo iluso,